Viabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de lavado de activos en la legislación peruana

Abstract

The current investigation seeks to determine whether companies can be criminally responsible for the criminal offense of money laundering in Peruvian regulations, and as specific objectives to evaluate the position of the supreme criminal judges on the responsibility of collective entities in the aforementioned criminal offense and establish the legal nature of the accessory consequences adjustable to the corporation. The research is basic, as dogmatic and jurisprudential knowledge has been applied to answer the questions raised, it is qualitative because it is based on theoretical positions. Although Law No. 30424 (2016) positivizes the responsibility of companies when their members commit the aforementioned criminal offense using the company for said purpose, among other crimes; However, although it is considered an administrative responsibility, the sanctions must be imposed after the company is prosecuted and the Public Ministry includes it as a procedural subject. During this process, the company can exercise its constitutional rights such as defense, innocence, double appeal and others. Likewise, said procedural incorporation is subject to a judicial decision, a jurisdiction in which sanctions must even be imposed, which may well be reviewed via challenge by the higher instance and it is even viable to file a cassation appeal when warranted.

La investigación actual busca determinar si las empresas pueden ser responsables penalmente por el ilícito penal de blanqueo de capitales en la normatividad peruana, y como objetivos específicos evaluar la posición de los jueces supremos penales sobre la responsabilidad de los entes colectivos en el ilícito penal mencionado y establecer la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias ajustables a la corporación. La investigación es de tipo básica, al haberse aplicado conocimientos dogmáticos y jurisprudenciales para absolver las interrogantes planteadas, es cualitativa por sustentarse en posiciones teóricas. Si bien la Ley n.° 30424 (2016) positiviza la responsabilidad de las empresas cuando sus miembros cometen el ilícito penal referido utilizando a la empresa para dicho propósito, entre otros delitos; sin embargo, aunque se considera una responsabilidad administrativa, las sanciones deben ser impuestas después de que la empresa sea procesada y el Ministerio Público la incluya como sujeto procesal. Durante este proceso, la empresa puede ejercer sus derechos constitucionales como la defensa, la inocencia, la doble instancia y demás. Asimismo, dicha incorporación procesal está supeditada a una decisión judicial, fuero en el cual incluso se ha de imponer las sanciones, que bien podrán ser revisadas vía impugnación por la instancia superior e incluso es viable la interposición de recurso casatorio cuando lo amerite.