Los informes de la contraloría general de la república y su incorporación al proceso penal

Abstract

The research carried out is of a non-experimental and qualitative design, within which the study of the technical principles of the control system was addressed, in merit of which it was possible to determine that the reports prepared within the context of the function of said system, must be prepared by experts in government audits. As a result of the study carried out, there are a series of actions and techniques aimed at assessing the procedures and activities that need to be examined in the entity and also the benefits obtained; therefore it is necessary that the reports issued within the framework of said activities be covered with the respective formality, within the scope of the due process of control, which guarantees the respect and observance of the rights of the entities and people; for their incorporation into the criminal process, an interrogation of the expert designated by the issuing entity is required, in attention to what is indicated in the second paragraph of article 201-A of the criminal procedure law. The presence of the expert is not for the report to be read or to be limited to ratifying it; The purpose is to defend the audit carried out through exercises of explanation and justification, both in the formal and scientific aspects of the operations carried out, the performance of contrasting activities, the results obtained and the margin of error; but it is also the opportunity to clarify obscurities or ambiguities inherent to technical language, including the opportunity to respond to the observations made by the defense, including the holding of an expert debate, in accordance with article 181° of the Criminal Procedure Code.

La investigación efectuada es de diseño no experimental y tipo cualitativa, dentro de la cual se abordó el estudio de los principios técnicos del sistema de control, en mérito a ello se pudo determinar que los informes elaborados dentro del contexto de la función de dicho sistema, deben ser elaborados por expertos en auditorías gubernamentales. Como resultado del estudio efectuado, se tiene una serie de actuaciones y técnicas destinadas a valorar los procedimientos y actividades que requieren ser examinadas en la entidad y asimismo los beneficios recabados; por lo que es necesario que los informes emitidos en el marco de dichas actividades estén revestidos con la formalidad respectiva, en el ámbito del debido proceso de control, que garantice el respeto y observancia de los derechos de las entidades y personas; para su incorporación al proceso penal, se requiere de un interrogatorio al experto designado por el ente emisor, en atención a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 201-A de la ley procesal pena. La presencia del experto no es para que se dé lectura al informe o se limite a ratificarse en el mismo; la finalidad es la defensa de la auditoría realizada a través de ejercicios de explicación y fundamentación, tanto en lo formal como en el aspecto científico de las operaciones realizadas, la realización de actividades de contrastación, los resultados obtenidos y el margen de error; pero también es la oportunidad aclarar oscuridades o ambigüedades propias del lenguaje técnico, incluyendo la oportunidad que responda las observaciones que la defensa efectúe, incluso se realice un debate pericial, conforme al artículo 181° del Código Procesal Penal.